Mason Capital reclama a la CNMV que Grifols aclare su relación con Osborne Clarke.
El fondo ha enviado una carta a Carlos San Basilio, presidente de la CNMV, en la que le pide que el regulador actúe para aclarar la estrecha vinculación entre la farmacéutica y el despacho de abogados.
Mason Capital eleva el tono contra la actual gestión de
Grifols. El fondo titular del 2,5% de las acciones de Grifols ha remitido una carta a
Carlos San Basilio, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en la que denuncia la falta de información sobre la
estrecha vinculación de la farmacéutica con el despacho Osborne Clarke y apunta de nuevo al papel jugado por
Tomás Dagá, consejero desde 2000 y exsocio director del bufete, jubilado desde el pasado 31 de diciembre. En la carta a la que ha tenido acceso El Confidencial, Mason reclama que se hagan públicos los
honorarios abonados a Osborne Clarke por Grifols en los últimos 15 años y las cantidades percibidas por Dagá en el mismo periodo, la participación de Dagá en el despacho durante cada año de ese mismo periodo de 15 años la participación del consejero en Scranton Enterprises, vehículo de inversión de la familia Grifols. También pide que se releve cualquier acuerdo entre el consejero y/o Osborne Clarke con Nomura o Proskauer Rose. Estas peticiones,
ya elevadas al propio consejo hace un mes, van ahora dirigidas al presidente del regulador bursátil. Según explica Mason,
todos los accionistas de la compañía deben tener conocimiento de estos datos para valorar la gobernanza de la compañía. “
La dependencia de un único asesor plantea importantes cuestiones de gobernanza, sobre todo por el claro conflicto de interés del papel de Dagá en el consejo de Grifols con su función en Osborne Clarke España. Estas transacciones han supuesto un importante deterioro de valor para los accionistas”. En la misiva, Mason también apunta que la farmacéutica no contaría con una asesoría jurídica interna “y que depende únicamente de Tomás Dagá y Osborne Clarke España en lo que respecta a cuestiones relevantes de asesoría legal (...) El consejo necesita asesoramiento jurídico tanto interno como independiente y
no debería confiar únicamente en el Sr. Dagá y en Osborne Clarke España, dados los claros conflictos de interés de ambos sobre los que Mason ha advertido extensamente”. “Entendemos que Tomás Daga se habría jubilado de Osborne Clarke España el 31 de diciembre de 2024 y sospechamos que ha sido en respuesta a los flagrantes conflictos que Mason y otros han puesto de relieve recientemente. Si esto es cierto, esta salida indicaría que los conflictos son un problema real que ahora el consejo reconoce. Sin embargo, la dirección, los accionistas de la familia [fundadora] en conflicto [de interés], Tomás Dagá y cualquier miembro actual o pasado del Consejo de Administración [de Grifols] no pueden eximirse de ningún incumplimiento histórico de sus obligaciones.
La jubilación no evitará el escrutinio de los años de pagos a Osborne Clarke conflictivos y aún no revelados, ni tampoco la labor de intermediario de la familia Grifols de Tomás Daga, ni el aislamiento que la dirección y el consejo han tenido de casi ningún asesoramiento externo”, añade la firma norteamericana. Por último, el fondo apunta que la emisión de bonos por 1.300 millones que hizo la farmacéutica en diciembre con un tipo de interés del 7,125%
habría beneficiado a Brookfield a costa del resto de accionistas. En concreto, explica que informaciones en prensa posteriores a la emisión recogen que se incluyó una cláusula extraordinaria para permitir un reembolso anticipado preferente únicamente a Brookfield y no a cualquier otro comprador potencial. “Grifols debería hacer público el contrato de emisión de bonos con cupón del 7,125% para que los accionistas puedan contrastarlo con la veracidad de las recientes informaciones de prensa. De resultar ciertas,
el tipo de interés anormalmente alto no se debió a una mala ejecución, sino que se pagó deliberadamente como contraprestación por una cláusula de reembolso anticipado fuera de mercado que favorece a Brookfield a expensas de los accionistas. Favorecer a un comprador potencial específico en detrimento de los accionistas constituiría un claro incumplimiento del deber fiduciario por parte del consejo”, concluye la carta. Mason pide a la CNMV que actúe para que los accionistas tengan toda la información y puedan “
evaluar los conflictos de interés y decidir si las actuales prácticas de gobierno corporativo del consejo de administración se ajustan a sus intereses. Los accionistas y la CNMV deberían considerar en qué nivel cotizarían las acciones con un consejo realmente independiente (...) El actual gobierno corporativo supone un freno para la valoración bursátil de la sociedad”. Mason Capital lidera, junto a
Flat Footed y
Sachem Head, el grupo de fondos crítico con la actual gestión de la compañía de hemoderivados. Entre los tres suman cerca del 10% del accionariado y
han logrado que la farmacéutica acceda a nombrar un consejero independiente,
Paul S. Herendeen, que les represente. La carta enviada a la CNMV es un paso más después de las diferentes misivas que el fondo ha dirigido al consejo para reclamar información y cuestionar los conflictos de interés entre el consejero Dagá, el despacho y la compañía.
