Burocracia → Puede haber trámites complejos y demoras en el cobro de los avales.
Requisitos limitantes → No todos los propietarios pueden acceder, solo los que cumplan con el límite de precio de alquiler.
Podría generar más impagos → Algunos inquilinos podrían relajarse en el pago del alquiler al saber que el Estado cubre la deuda.
Costo para el Estado → Implica un gasto público que podría generar debate sobre su sostenibilidad a largo plazo o subida de impuestos que nos afecta a todos.
Podría haber fraudes o mal uso de los avales si no hay un buen
control.Pero además
@ritekg5.. hablando de piedras y pedradas... a ver que te parece esta hipótesis o especulación sobre la situación, por aquello de los "regalos envenenados" y que "nadie da duros a cuatro pesetas" sobre todo teniendo en cuenta toda la experiencia que llevamos estos años con los famosos "cobros indebidos" que nadie se esperaba o contaba con ellos o que tan mal explicados han estado por los cuales muchísima gente se ha pillado la mano entera, por poner un ejemplo cualquiera.
Aunque el Estado actúe como
avalista, es decir, se posiciona como el que
"te fía la pasta" y pague las deudas del inquilino al propietario, eso no significa que el inquilino pudiera llegar a quedar libre de responsabilidad.
¿Cómo podría cobrarse el Estado esa deuda, en un momento dado?
Reclamación administrativa o judicial → El Estado podría exigir al inquilino que le devuelva el dinero pagado por sus impagos o daños.
Embargos → Si el inquilino no paga, podrían embargarle su salario, cuentas bancarias o bienes.
Registro de morosos → El impago de la deuda podría llevar a que el inquilino sea incluido en listas de morosos, afectando su historial financiero.
En resumen, el Estado no asumiría la deuda como un regalo, sino que actuaría como un intermediario que paga al propietario y luego busca recuperar ese dinero del inquilino deudor.
La banca siempre gana...my friend😉
