El Gobierno y el PSOE han alcanzado un acuerdo para la gestión de la devolución del dinero cobrado de más a los afectados por las cláusulas suelo. De esta manera, tras retrasarlo en dos ocasiones, el Consejo de Ministros de este viernes aprobará el decreto ley para resarcir de manera gratuita a los afectados y el PSOE se abstendrá. El PP cuenta con el acuerdo de Ciudadanos.
Según ha podido saber elEconomista, el sistema de arbitraje acordado busca incentivar el acuerdo entre el banco y el cliente, quien, no obstante, siempre podrá acudir a los tribunales si está disconforme con la propuesta de pago que le ofrece. Estos son los principales puntos del acuerdo:
- Tres meses de plazo: la entidad dispondrá de este plazo como máximo para estudiar la situación del deudor hipotecario y plantearle una solución. El mecanismo se diseña para que los afectados por cláusulas inválidas sean resarcidos cuanto antes del dinero cobrado de más por los topes hipotecarios que les impidieron beneficiarse de la caída del euríbor con reducciones en sus cuotas de amortización.
- Gratuita: el mecanismo será gratuito para el afectado y exento de recargos, sanciones o multas tributarias.
- A ojos de Hacienda... Los clientes que reciban de sus bancos la devolución de los importes cobrados de más deberán tributar por ellos si se beneficiaron de la deducción por adquisición de vivienda habitual en el IRPF y, en todos los casos, por los intereses de demora que la entidad bancaria abone por el tiempo transcurrido.
La deducción por vivienda, de las más cuantiosas en el IRPF, está relacionada con la cuota hipotecaria que pagan los contribuyentes, de tal forma que si ahora reciben una parte de lo pagado de más por las cláusulas suelo, la deducción que se aplicaron en su día también debería ser menor y, por tanto, tendrán que devolver el exceso a Hacienda, integrando este importe en la cuota líquida del año en el que lo reciban.
- Intereses de demora: presumiblemente el banco deberá abonarlos por el tiempo transcurrido entre la aplicación de la cláusula suelo. Según el criterio de Tributos, son considerados ganancias patrimoniales y, como tal, se deberá tributar por ellos.
- Abierta la vida judicial: el árbitro exprés será de acceso voluntario para los ciudadanos, que siempre tendrán la vía judicial abierta. Con todo, si un afectado decide recurrir al sistema, su entidad financiera estará obligada a tramitar su expediente.
Junto a la idea de agilizar la devolución de los importes indebidamente cobrados, el Gobierno busca impedir una avalancha de demandas que colapse los tribunales. Se estima en 1,5 millones las familias con topes al interés de sus hipotecas y si todas planteasen un recurso judicial duplicarían, en la práctica, los 1,5 millones de casos que tramitan al año los juzgados.
- ¿Quién paga las costas del juicio? A las entidades se les presenta un incentivo igualmente para resolver situaciones donde los juzgados habrían dado, presumiblemente, la razón al ciudadano con ahorros en los costes procesales. Si logran llegar a una solución negociada con el cliente se librarán de esta partida, que puede llegar a 3.600 euros; así como si el cliente litiga y el banco se allana.
El borrador del real decreto que regulará el mecanismo previa, incluso, eximir al banco de esta carga si el cliente va al juzgado pero la resolución del magistrado es menos generosa de la propuesta por la entidad. Sí tendrá que pagar, en cambio, si el juez determina una suma superior a la ofrecida por su banco o caja.
La problemática que quiere atajar el mecanismo es significativa por el volumen de deudores afectados y las cuantías comprometidas. En las cláusulas suelo hipotecarias están en juego casi 10.000 millones de euros cobrados por su activación, impidiendo que la cuota bajase por debajo de determinado nivel aunque el euríbor se hundiese.
Sin embargo, la banca ha resuelto muchos caso con negociaciones bilaterales. Por la parte contable, el sector financiero ya tendría provisionado el importe afectado desde 2013 hasta ahora y quedaría por provisionar las sumas de la activación de las cláusulas antes de esa fecha, que el Banco de España estimó en más de 4.000 millones.
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