Salvador Arancibia en Expansión:
La crisis en Indra, por la decisión de la mayoría del capital presente en la junta de accionistas de cesar a cuatro consejeros independientes y no renovar el mandato de otro, situación a la que se suma la dimisión de otra consejera ayer, no solo ha provocado un terremoto en su cotización bursátil, que cayó un 14,76% el viernes, sino también dudas sobre el modelo de gobernanza de la compañía, el papel y la protección que tienen los consejeros independientes, el lugar en el que se ha colocado a la CNMV y, sobre todo, el papel que el Estado, a través de Sepi (25%), ha jugado en todo este asunto.
Los hechos son conocidos: en el turno de ruegos y preguntas de los accionistas durante la celebración de la junta general, el representante de Amber (fondo de inversión liderado por Joseph Ourhgoulian, quien también es presidente de Prisa y que muy recientemente hizo pública su participación algo superior al 4% en la tecnológica), propuso el cese de cuatro consejeros independientes que habían mantenido una posición crítica con el deseo de Sepi de que el presidente de Indra, Marc Murtra, fuera nombrado presidente ejecutivo.
A esa petición de cese se unió Sepi y el grupo vasco Sapa. Sapa tiene un 8% adquirido al grupo March, que decidió abandonar la compañía cuando el Gobierno forzó el relevo de Fernando Abril-Martorell para sustituirle por Murtra dentro de un plan diseñado para llegar hasta el 29% del capital y modificar la línea estratégica de la sociedad, centrándose más en los aspectos relacionados con la defensa. A estos tres accionistas se adhirieron otros hasta alcanzar una mayoría de quienes participaban en la junta y por lo tanto resultó aprobada la moción de cese.
La legislación, como recordó hace unos días el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, reconoce la potestad de la junta de accionistas de promover el cese de consejeros, “con causa o sin ella” según explica un reputado abogado. Por lo tanto, el resultado de la votación es legal.
Otra cuestión distinta es dilucidar si todos estos hechos se deben a que simplemente un accionista hizo una propuesta que fue aceptada por la mayoría de los presentes en la junta o si, por el contrario, se debe a una acción concertada, es decir pactada por los tres principales accionistas que también puede ser legal, siempre y cuando se haga pública precisamente la coincidencia de intereses y la decisión de dar continuidad a esa unión.
Consejeros críticos
“La decisión de cesar a los consejeros independientes críticos con la orientación que la Sepi quiere dar a Indra es una verdadera vergüenza”, señalaba un experto consultor con varias décadas de carrera profesional a sus espaldas, “porque muestra hasta dónde está dispuesto el Gobierno a intervenir con tal de colocar a personas cercanas en puestos relevantes de compañías en las que participa, aunque estos no hayan demostrado una cualificación profesional para ello”. En su opinión, esta actuación “supone un deterioro de las instituciones y del normal funcionamiento de las empresas”.
Un alto funcionario del Estado incide en que la forma en que se han desarrollado los hechos, “aunque no sea ilegal, pone en entredicho el cumplimiento de los códigos de buena conducta existentes; arroja dudas sobre los criterios de idoneidad que puedan atribuirse a los consejeros independientes al tiempo que deja en mal lugar a los comités de nombramientos de las compañías” porque no acaba de entenderse cómo se elige a personas que, posteriormente, son cesados en sus puestos sin causa alguna.
En medios jurídicos, aunque se recuerda que la junta de accionistas tiene la potestad de cesar a los consejeros, “con o sin causa”, y que basta con que un accionista lo proponga y lo apruebe la junta, no se duda de calificar de “impresentable” todo lo que ha pasado y la situación en la que queda la compañía. “Si a mí como asesor legal me propusieran que se hiciera algo parecido mi contestación sería que no contaran conmigo”, señalaba un abogado curtido en muchas batallas. “Es cierto que los consejeros independientes no tienen un blindaje especial (habría que modificar la legislación si se quisiera que eso ocurriera) ante la junta, pero también es cierto que si es el consejo de administración quien decide cesarlos deben justificar el porqué”.
Lo cierto es que parece poco defendible que se den causas reales para hacer un movimiento de ese tipo. Lo normal es que cuando se decide cesar a un independiente se suele tener elegido ya al sustituto para que el equilibrio interno del consejo no se rompa. En Indra no ha pasado eso.
El equilibrio de su consejo se ha roto por completo: ahora hay 9 consejeros, tras la dimisión de ayer, de los que tres representan a Sepi, otro al grupo Sapa, quedan dos independientes, dos ejecutivos y el presidente, calificado como otro externo. En principio, puede decirse que más del 50% del consejo está alineado en una posición y que los independientes se encuentran en minoría cuando hasta ahora eran mayoría.
Este hecho y el que entre Sepi, Sapa y Amber superan el 30% del capital de Indra son los que plantean la posibilidad de que se esté detrás de una acción concertada con el objetivo de ejercer el control de la compañía pero que implicaría que deberían lanzar una opa sobre el 100% de la sociedad. “Todo indica”, señala el experto en derecho, que “estamos ante una acción concertada de facto pero que hay que probarla” y eso es difícil porque “el concepto jurídico de acción concertada es muy gris”. Debe ser duradera y no circunscrita a un hecho concreto. Hay que probarla y no siempre es fácil porque se necesita algo más que intuiciones, se necesitan pruebas.
El papel de la CNMV
El presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, declaró que la institución encargada de velar por el buen funcionamiento de los mercados, ha pedido información a Indra para que explique qué ha pasado y que, en función del código de buena conducta al que voluntariamente se ha sometido la sociedad, debe recabar la opinión de los cesados sobre este hecho y reflejarla en el informe anual. Pero si el asunto tiene una relevancia evidente puede hacer que esas explicaciones se hagan públicas antes del momento del informe anual y recogerlo en la web de la CNMV.
Al tiempo, y ya que al menos temporalmente puede haber un control del consejo y que entre los tres grupos superan el 30% del capital, es seguro que la CNMV abrirá una investigación para dilucidar si ha existido acción concertada (lo que obligaría a hacer una opa sobre el 100% del capital) o no, y que para ello indagará en las relaciones entre los tres grupos, la posible existencia de conversaciones, o intercambio de mensajes entre ellos.
Conclusión: no será fácil porque cualquier decisión del supervisor será sometida a escrutinio. Si se inclinara por la existencia de una acción concertada representaría que los responsables de la CNMV irían contra quienes les nombraron dando pruebas así de la independencia que se le exige legalmente. Si se optara por señalar que no hubo acción concertada y que no controlan el consejo, habría quien consideraría que no ha existido suficiente coraje para enfrentarse al Gobierno.
Indra tiene ahora que recomponer el consejo con la incorporación de nuevos independientes. Y aquí de nuevo surgen problemas. El primero es que algunos de los posibles candidatos renuncien a serlo por los precedentes ya que se ha forzado la salida de los anteriores sin que haya razones para ello, simplemente por las posibles discrepancias manifestadas sobre la estrategia de la sociedad. Existen grandes probabilidades de que quienes finalmente acepten el puesto sean considerados como ‘consejeros de parte’ y no verdaderamente independientes, como consejeros sumisos.
El Estado accionista
Si la figura del consejero independiente es muchas veces puesta en duda, ya que suelen ser nombrados bien por el accionista principal bien por el equipo ejecutivo, con lo ocurrido en Indra lo va a ser mucho más en adelante. Tiene importancia el hecho de que el Estado es el principal accionista de la compañía tanto por el mal ejemplo, y precedente, dado como porque podría interpretarse que va a ocurrir algo similar en el resto de empresas con capital público. Al final esto puede retraer la inversión exterior, al menos en empresas en las que el Estado esté presente.
Estos hechos van a exponer a la CNMV a un escrutinio político no deseado, ya que es probable que el Congreso acabará interviniendo en la discusión sobre los motivos finales que han llevado a, al menos, esta ‘unión temporal de empresas’.
