Son por ahora 200 millones, pero la cifra podría multiplicarse. Los Mossos d’Esquadra detuvieron el martes pasado a Antoni Mas Samora, acusado de perpetrar una estafa piramidal contra pequeños y grandes inversores. Mas Samora, de 64 años, especulaba con espacios publicitarios de televisión que decía comprar para luego ofrecer a anunciantes. Para ello, buscaba a inversores a los que les ofrecía un beneficio del 15%. Pero Mas Samora nunca compró esos espacios. Falsificaba facturas con los medios y luego pagaba el porcentaje de rendimiento con lo recibido de nuevos inversores, según Mossos. El empresario está en libertad con cargos.
Uno de los principales afectados por esta estafa es una entidad especializada en los créditos a pequeñas y medias empresas, Finalter. La compañía invirtió parte de sus activos en Publiolimpia, administrada por Mas Samora. Después los convirtió en bonos y los colocó a través de fondo de inversión, IM Auriga Pymes, que los comercializaba entre inversores institucionales, empaquetados junto a otra deuda.
El pasado 31 de mayo, el fondo Auriga, gestionado por Intermoney Titulización, hizo una comunicación conforme uno de sus bonos emitidos tenía “vicios ocultos” que afectaban a su validez. De esa manera advertía a sus clientes de que podían perder dinero. Se trata de unos bonos que cotizan en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). El emisor advirtió que había “circunstancias que podrían afectar a la existencia o suficiencia de derechos de crédito en el poder del fondo”.
También la Comisión Nacional de Valores lanzó un aviso, que decía: “Se está prestando la máxima atención a la situación descrita, lo que incluye el requerimiento de información exhaustiva a las entidades participantes en la titulación (gestora, cedente de los activos, asesor registrado y auditor del Fondo, entre otros)”.
Además hay un grupo de inversores en Madrid que se han visto afectados por la estafa, según fuentes policiales. La cifra en ese caso podría superar los 100 millones de euros.
Mas Samora ya fue condenado a pagar 18,5 millones a Luis Pasqual Franquesa, hijo del juez Estevill, que fue sentenciado a nueve años y cuatro meses de prisión en uno de los casos más graves de corrupción de los años noventa. Este le demandó a través de la compañía Publi Producciones y Eventos Barcelona. Mas Samora fue administrador único hasta 2010 de esa empresa, que ahora gestiona Pasqual Franquesa.
Ayer en el piso de Mas Samora, en la Avenida de Sarrià de Barcelona, nadie respondía al telefonillo ni abría la puerta. En los últimos días son habituales las visitas que, según fuentes del entorno, van a exigir en persona a Mas Samora que les pague lo que les debe. Su casa —en régimen de alquiler— es también la sede social de Publiolimpia, y allí acudió la policía catalana el martes pasado, tras detenerle. Los agentes registraron el domicilio del empresario, que confesó parte de los hechos ante los Mossos d’Esquadra, dijo estar sufriendo amenazas y temer por su integridad física.
Los Mossos han hecho un llamamiento a que todas aquellas personas que hayan podido ser estafadas por Antoni Mas Samora acudan a cualquier comisaría de la policía catalana. Allí se les pondrá en contacto con la Unidad de delitos Socioeconómicos que lleva el caso.
Los investigadores han puesto el foco en dos de las principales compañías de Mas Samora: Ata Producciones y Eventos Barcelona y Publiolimpia. El empresario tiene a su mujer y a sus hijos como apoderados en la primera de las empresas. En la otra, Publiolimpia, constan Julio San Martín y Paloma San Martín Martín-Pozuelo, ambos demandantes contra los Alberto en el caso de la estafa de las torres KIO de Madrid.
Fuente: El País