Uno de los argumentos para no cambiar la ley hipotecaria es cuando menos curioso. Seguro que escucharán con frecuencia oír aquello de que las grandes ventajas que da la normativa a las entidades financieras provocaron que muchos ciudadanos pudiesen adquirir sus viviendas.
La situación del mercado eléctrico en España está caracterizada por una caída de la demanda, acompañada de un incremento de la capacidad instalada. Un incremento de la oferta, acompañado de una caída de la demanda, económicamente tan sólo puede suponer una cosa: bajadas de precios.
El argumento usado para no tocar los intereses de demora está en que suponen un coste coercitivo o un incentivo al cumplimiento de los contratos bancarios. Es decir, se justifica la existencia de estos tipos bajo la premisa de que de esta forma es mucho más sencillo que se cumplan los contratos por los usuarios.
Hasta las narices estoy. Ya sé que es personal y no importa a nadie, pero es que es un poco cansino esto de llegar hecho polvo a casa, esperando colgar uno de estos post que he ido preparando para días duros, abrir internet y ver la gilipollez de turno de un gobierno que se supera cada día.
Por tanto, aquí estoy otra vez. Hoy ha sido Montoro el que nos ha puesto en la
En La Voz de Galicia, medio de pasada, encontramos lo que es una noticia, que debería llamar mucho la atención. Entendido como noticia un suceso que sale de lo habitual, encontramos DIGNIDAD. De hecho casi no salgo de mi asombro.
Hoy es uno de estos días en los que cambio el post sobre la marcha y a última hora me toca hablar de la noticia que ha surgido. En este caso estamos hablando del plan de Bankia que acaba de anunciar 6.000 despidos, amparado en la reforma laboral, (mejorando un poco las condiciones).
Como bien ha deducido Troyano el post de ayer venía a cuento de un post que colocó Juan Ramón Rallo, en su blog, y que apareció en los comentarios de un estudio “riguroso”, que hizo “el economista” y que a su vez aparece finalmente en las noticias de “el economista”.
En un post de una de estas personas de las que no podría decir si estamos ante sociópatas, ignorantes o una combinación de estas cosas, me encuentro con un argumento perverso y muy curioso.
La semana pasada los pensionistas tenían una serie de garantías establecidas en una ley; de hecho, durante cierto tiempo, cada vez que se preguntaba a los integrantes del gobierno por la revalorización de las pensiones, la respuesta era siempre la misma: “se cumplirá lo que diga la ley, como no puede ser de otra forma”.
Pues todos sabemos que al final el viernes pasado, se
Me gustaría hablar de una frase que se está escuchando con cierta frecuencia entre las filas socialistas, los sindicatos y medios afines: “Se está eligiendo una salida en la que los ricos serán más ricos y los pobres serán más pobres”
En este fin de semana, de casualidad me he enterado de dos noticias que han pasado bastante desapercibidas, o por lo menos que yo no había visto por ningún lado. Las dos noticias son dos anécdotas clave para entender las actuaciones de los gobiernos, que hace bastante tiempo que han perdido el norte.
La semana comenzaba con una noticia de que se preparaba otra subida bastante superior al IPC para los peajes, debido a que en la mayoría de los casos, nos encontramos con que si los tráficos son inferiores a los previstos para el año, se podrán subir los precios de los peajes para compensar
Ayer comentaba que había tenido cierta peripecia a cuenta de una multa de tráfico, y hoy me voy a poner en plan “Tristan”, explicando (y de forma breve para lo que fue), el absurdo de aquella multa, que ilustra y mucho la situación de España.
El Banco malo español o Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) es una sociedad anónima semipública cuyo objetivo es sanear los activos tóxicos (principalmente viviendas, promociones y suelo ) de los balances de las entidades del sistema financiero español, comprándoselos a un precio conveniente para sanear la economía.
Ayer hablaba ponía en duda el exceso de litigiosidad, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en una situación en la que los incumplimientos son numerosísimos. Este recordemos que es el argumento del Partido Popular para introducir unas tasas salvajes en la justicia.