La sentencia de 19-4-2023 del Tribunal Supremo ha resuelto el caso Gowex, enjuiciando por primera vez en España la responsabilidad del Asesor Registrado de las empresas que cotizan en el MAB o BME Growth, condenándole a indemnizar a los inversores defraudados
El Tribunal Supremo asume la sentencia del TJUE sobre la pérdida de derechos de los accionistas del Popular y anuncia que en octubre decidirá sobre las obligaciones subordinadas. Queda pendiente resolver sobre las preferentes y los bonos convertibles y sobre los préstamos para compra de acciones
El TJUE en sentencia de 5 de mayo de 2022 ha establecido que la intervención y resolución del Banco Popular impide cualquier tipo de reclamación contra el Banco Santander. Recapitulando el caso, recuerdo que el Banco Santander no venía oponiendo al contestar las demandas que recibía que las...
Comentario crítico a las conclusiones del Abogado General del TJUE, de fecha 2 de diciembre de 2021, en el caso del Banco Popular Español: ¿pueden los accionistas reclamar la responsabilidad por folleto del emisor al Banco Santander?
He expuesto que la Audiencia Provincial de Asturias acordó desestimar las demandas contra el Banco Santander por la intervención del Banco Popular y las razones por las que entiendo que esa decisión es errónea.
Un informe de la Comisión Europea dice que el Banco Santander no tiene protección frente a las demandas de los antiguos accionistas y acreedores del Banco Popular, en contra de lo que sostienen las Audiencias Provinciales de Asturias y Cantabria.
La Audiencia Provincial de Lugo ha dictado sentencia de fecha 9 de septiembre de 2020 en que desestima el recurso de apelación interpuesto por Banco Santander y confirma la nulidad de la suscripción de acciones del Banco Popular en la ampliación de capital de 2016 que ya había acordado el Juzgado.
El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Mondoñedo ha dictado sentencia de fecha 31 de julio de 2020, notificada en septiembre, que estima la demanda que hemos presentado por la compra de acciones del Banco Popular el día 5 de junio de 2017, un día antes de que fuese intervenido.
Las Audiencias Provinciales de Asturias y de Cantabria adoptaron acuerdos de unificación de criterios en los que decidieron que van a desestimar las demandas en que se reclame la anulación de las compras de acciones del Banco Popular y/o la indemnización de las pérdidas sufridas.
El Juzgado de 1ª Instancia nº 9 de Pamplona dictó sentencia el 14 de febrero de 2020 que estimó íntegramente una demanda por la que reclamaba la nulidad de la compra de participaciones preferentes emitidas por el Banco Popular en 2009.
Por acuerdo adoptado el 6 de febrero de 2020, la mayoría de los magistrados de las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Asturias ha decidido que va a desestimar las demandas en que se pide la nulidad de la compra de acciones del Banco Popular.
La alteración de la contabilidad del Banco Popular no se produjo de cara a la ampliación de capital de 2016, sino que viene del origen de la crisis económica: ya en el año 2008 había más de 2.000 millones de deterioros no contabilizados, según el informe del Banco de España.
Seguimos con la defensa de quienes tenían acciones y otros productos de capital del Banco Popular y antes del Banco Pastor; en otras entradas anteriores del blog ya di cuenta de algunos casos ganados de acciones en los Juzgados y en la Audiencia Provincial y de obligaciones subordinadas.
¿El art. 39.2 de la Ley 11/2015 impide que se pueda indemnizar a los titulares de acciones y otros productos de capital que los hubieran comprados confiando en una información sobre la situación financiera del emisor que se demuestre que no era veraz?
Hace unos días comenté sucintamente la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2019 que declaró que no se puede dirigir una demanda de anulación de una compra de acciones en Bolsa contra el emisor (Bankia, en ese caso) de las acciones porque se trata de una operación compleja.
