El Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de Oviedo ha dictado una sentencia de fecha 5 de diciembre de 2017 que anula la compra por parte de un matrimonio de obligaciones subordinadas del Banco Popular. Probablemente es la primera en España que resuelve un caso planteado tras la intervención del Banco el mes de junio pasado, que dio lugar a la pérdida total de la inversión.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, se pronunció recientemente sobre esta modalidad de préstamo hipotecario, en una sentencia que ya comenté en este blog; el mismo día en que se dictó aquella sentencia el Tribunal Supremo español tenía fijada la deliberación para resolver un recurso de casación relativo también a una hipoteca multidivisa (HMD).
Guión de la charla impartida en el Colegio de Abogados de Madrid el 7 de noviembre de 2017 en la jornada organizada por la Sección de Consumo, dirigida por Miguel Ángel Hortelano.
En esta entrada del blog ya expliqué que el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo dictó una sentencia de 23-12-2015 en que estableció doctrina jurisprudencial sobre cómo se aplica la Ley de represión de la usura a los créditos revolving, que son los propios de las tarjetas de crédito.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado una nueva sentencia, de fecha 20 de septiembre de 2017, en que reitera y aclara su doctrina sobre cómo la Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores protege a éstos frente a las cláusulas poco transparentes, esta vez proyectándola sobre los préstamos en moneda extranjera.
El día 12 de septiembre quedó registrada en la CNMV la Nota de valores de los bonos de fidelización que el Banco Santander ofrece a quienes compraron acciones del Banco Popular con ocasión de la ampliación de capital del año 2016 y a quienes tenían obligaciones subordinadas también del Banco Popular.
Para empezar, señalo una pequeña recopilación de lecturas recomendadas para entender qué, cómo y por qué se ha hecho: este artículo publicado en el excelente blog colectivo Hay Derecho que explica de forma muy comprensible el mecanismo de la intervención y la competencia o responsabilidad que tienen los distintos organismos públicos españoles y europeos involucrados.
En mi última entrada de este blog ya avanzaba la posibilidad de que quienes compraron acciones del Banco Popular pudiesen recuperar el dinero perdido si se probaba que el Banco había publicado información engañosa.
Tras la intervención del Banco Popular Español y su venta al Banco Santander por un euro, con la consiguiente pérdida de todo su capital para los accionistas y titulares de bonos convertibles, participaciones preferentes y obligaciones subordinadas del Popular, según expliqué en la anterior entrada del blog, hemos de preguntarnos si tienen alguna posibilidad de recuperar lo perdido.
Después de repetidas ampliaciones de capital y emisiones de híbridos de capital siempre insuficientes, el FROB se ha visto obligado a intervenir el Banco Popular Español porque no era viable y, tras reducir capital, lo ha vendido al Banco Santander por un euro.
El pasado sábado 18 de marzo, la Televisión Pública de Asturias (TPA) emitió un reportaje sobre la cláusula suelo para el que me entrevistó; también intervienen dos clientes, otros dos abogados, el Decano del Colegio Notarial de Asturias y el portavoz de la Asociación española de la banca privada.
A lo largo de los años que han transcurrido desde que en el 2009 comenzaron a bajar los tipos de interés y muchas familias descubrieran que la cuota de su préstamo hipotecario no bajaba por la existencia en su contrato de lo que se ha venido a llamar “cláusula suelo”, se han sucedido reclamaciones extrajudiciales
En junio de 2015 se interpuso demanda en que se reclamaba que el Banco Popular indemnizase a un matrimonio por los gastos que le había originado la colocación de un swap, cuyas cuotas negativas no pudo pagar, por lo que se canceló anticipadamente con el capital de un nuevo préstamo que el propio Banco concedió a tal efecto. A la fecha de la demanda este préstamo ya estaba pagado
Hace ya algún tiempo que informé sobre varias sentencias ganadas, en que se anulaban las cláusulas de los contratos de tarjeta de crédito de MBNA (luego Avantcard, ahora adquirido por Evo Finance) y de Citibank (luego comprado por bancopopular-e, y ahora denominado WiZink Bank) relativas a los intereses y las comisiones a pagar por los clientes que financiasen las compras que realizasen
Ya he informado en este blog de una sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Gijón que estimaba la demanda de nulidad de la compra de acciones de Bankia que había realizado un gran empresario, que no tiene la condición de cliente minorista sino profesional; sentencia que luego fue confirmada por la Audiencia Provincial de Gijón.
