Si te refieres a que has tenido un procedimiento judicial contra la Seguridad Social para que te reconocieran el derecho a la pensión por incapacidad, sí: gastos de defensa jurídica a aplicar el año de la minuta, máximo 300,00 euros. Si es un abogado que simplemente te ha ayudado con la burocracia para obtener la pensión, pero sin juicio, no.